Sin libertad y sin voz

Es perverso el sistema, comete terribles injusticias en nombre de esa justicia que persigue. No debería ser así. Es como una locomotora que ve en la distancia su destino y avanza a toda marcha sin importar si en el camino pasa haciendo estragos. Son daños colaterales, dirán algunos.

Mancillan tu reputación, la pisotean sin ninguna consideración, te condenan antes de haber sido escuchado por un juez -una condena pública feroz- y te quitan la voz. En adelante poco importa lo que digas. A la prensa no le interesa contar tu historia, al público no le interesa conocerla. ¿La verdad? Quizás solo para algunos ésta debiera salir a luz. Quedas marcado socialmente por una acusación que pone en duda tu moral y tu honra. 
Se aseguran de encerrarte también y con ello hacen que tu defensa sea cuesta arriba. No es lo mismo defenderse en libertad que privado de ella.  Vaya historias las que conocí en Mariscal Zavala. ¿Cómo es posible que una persona esté por cumplir tres años en prisión sin haber sido juzgada? 

En el Estado boliviano la Ley No. 586 de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal (Ley de Descongestionamiento), de octubre de 2014, reduce los plazos para la cesación de la detención preventiva a 12 meses sin que se haya dictado acusación, y a 24 meses sin sentencia. En el caso de México, el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece en su artículo 165 que la duración máxima de la prisión preventiva será de un año. La Ley No. 1760 de Colombia –conocida como “Ley de Racionalización de la Detención Preventiva”– estableció que el término de la detención preventiva no podría exceder de un año, y sólo sería prorrogable en casos especiales relacionados con procesos de competencia de la justicia penal especializada; cuando son tres o más los acusados, respecto de investigaciones o juicios por corrupción; o por delitos contra la libertad, integridad y “formación sexual del niño. (Informe de la CIDH Sobre Prisión Preventiva)

“Muchos de los que están en Mariscal Zavala son culpables”, me han dicho algunos y  por tanto no merecen estar afuera. Es probable que algunos de ellos terminen siendo condenados por el delito o delitos que se les imputa, pero en tanto eso no haya ocurrido siguen siendo inocentes y tienen derecho a una defensa y a un juicio justo, tienen derecho a una justicia pronta y cumplida. ¿Por qué no defenderse estando fuera de prisión? Estamos hablando de delitos que contemplan medidas sustitutivas o alternativas a la prisión preventiva.

Sabemos que solo en procesos instruidos contra reincidentes o delincuentes habituales, o por delitos de homicidio doloso, asesinato, parricidio, violación agravada, violación calificada, violación de menor de doce años de edad, plagio o secuestro en todas sus formas, sabotaje, robo agravado y hurto agravado, y los contemplados en la ley contra la Narcoactividad no podrá concederse ninguna de las medidas sustitutivas (art. 264) 

¿Por qué entonces no se les concede la medida sustitutiva?

El código procesal penal de Guatemala establece en su artículo 268 referente a la cesación del encarcelamiento, que la privación de la libertad finalizará  cuando su duración exceda de un año (12 meses) y cuando supere o equivalga a la condena que se espera, considerando, incluso, la posible aplicación de reglas penales relativas a la suspensión o remisión de la pena, o a la libertad anticipada.

Muchos de los que están en Mariscal Zavala ya excedieron esos 12 meses.


El duelo

Fue un asesinato reputacional -para llamarlo de algún modo- y ahora estamos de duelo. En un santiamén todo lo que has construido durante años se desbarata. ¡Qué injusto y qué cruel es este país! Guatemala se deshace de la gente más valiosa, antes con las balas y ahora con la “justicia” o en nombre de ella. Porque este caso es político, para enviar un mensaje a quienes preguntaban: “¿y para cuándo la UNE?”. Lo irónico es que ninguno de los ex ministros -yo puedo hablar por Juan Alberto-, fueron militantes de la UNE, su participación en el gobierno de Alvaro Colom fue motivada por un genuino deseo de colaborar y de poner al servicio del país su conocimiento y su experiencia. ¡Vaya manera de pagárselos!

En su carta, Gert Rosenthal -nombrado recientemente mediador de la ONU- expresa sabiamente y con una claridad maravillosa lo siguiente:

“Hemos llegado al punto donde todo servidor público es objeto de sospecha sobre sus valores éticos y morales, cuando la realidad es que miles de guatemaltecos que trabajan en el sector público lo hacen con dedicación honestidad e incluso mística.  Un ejemplo paradigmático de lo anterior se encuentra en el Dr. Juan Alberto Fuentes Knight. Un profesional de excepcional talento, tenía múltiples opciones para su desenvolvimiento personal como economista. Optó por el servicio público…En mis treinta años de vínculos profesionales y personales con Juan Alberto, me consta su probidad a toda prueba, su mística de trabajo a favor de Guatemala, y su pasión por hacer algo positivo para el desarrollo del país”.

La vida se te transtorna toda. El golpe es tan duro que sacude como un terremoto a toda la familia.

De lo malo, lo bueno

“No hay mal que por bien no venga” dice el refrán. Algo de cierto hay. Fue un duro golpe para Juan Alberto y también para la familia, pero nos unió. La realidad se impone. En momentos críticos no hay lugar para las recriminaciones, los reproches o los rencores. Las energías deben estar puestas en apoyar a quien lo necesita, en este caso, a Juan Alberto -el hijo, el hermano, el padre, el esposo-.

Juan Alberto y yo somos pareja hace casi 20 años. Ha estado a mi lado con el mismo amor con que yo he estado a su lado. Como dice Pablo Neruda, “somos juntos la mayor riqueza que jamás se reunió sobre la tierra”.

Un segundo matrimonio no es sencillo. En realidad es mas difícil de lo que debería, especialmente por los hijos.  A alguien hay que culpar por lo que ocurrió -me refiero a la separación de sus padres-, y tristemente somos las mujeres las responsables de todo, no solo de nuestras propias decisiones sino también de las que toman ellos y de sus consecuencias.

Todos sufrimos con una separación. Mis hijos ganaron un padre -porque siempre estuvo ausente y se hizo presente precisamente cuando nos separamos- y también a un papá postizo o mal llamado padrastro. Siempre fui sincera con ellos, nunca les oculté mis sentimientos y las razones de mi decisión. Nos dieron una lección de inmensa generosidad. Fueron valientes y supieron lidiar con su nueva realidad.

En el caso de los hijos de Juan Alberto fue otra cosa. Pensé que la canallada que le hicieron a su papá y el dolor compartido nos acercaría y podríamos tener una relación normal, de respeto y cierta humanidad. No fue así. Hay una mal entendida lealtad que guardan a la madre, haciéndome a mí responsable de una decisión que tomó el papá (nadie lo obligó a hacerlo).

Mejor dejar las cosas como están y seguir adelante. El 2020 es para mí un año para re aprender a vivir, para amar, para reir, para estar con quienes te quieren y te cuidan, para alejarse de quienes te hacen daño.

Primera declaración: la medida sustitutiva

El jueves 1 de marzo concluyó la audiencia de primera declaración. La Fiscalía y la CICIG pidieron al juez prisión preventiva para tres de los imputados, entre ellos para Juan Alberto, pero el juez decidió otorgarle medida sustitutiva y una fianza de 500 mil quetzales. Las paradojas de la vida. Estábamos felices a pesar de que lo acababan de ligar a proceso por fraude y peculado, pero lo importante para nosotros era que iba a poder volver a casa.

“Las personas en prisión preventiva sufren grandes tensiones personales como resultado de la pérdida de ingresos, y de la separación forzada de su familia y comunidad; y padecen el impacto psicológico y emocional del hecho mismo de estar privados de libertad sin haber sido condenados…Además se encuentran en una situación de desventaja procesal frente a aquellas personas que afrontan un proceso penal estando en libertad”. Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Luego de hacer un gran esfuerzo y gracias a la generosidad de familiares y amigos, reunimos el dinero -que queda depositado en la tesorería del Organismo Judicial como garantía- y Juan Alberto pudo salir de Mariscal Zavala el viernes 2 de marzo a eso de las 11:30 de la noche. Ese fue mi regalo de cumpleaños. Ese día, como solía decir mi papá, comencé a vivir mi año 55.

Y para que quede claro, el juez le otorgó la medida a Juan Alberto porque su defensa pudo demostrar, sin lugar a dudas, que no hay peligro de fuga y que no obstaculizará la investigación. Durante más de un año Juan Alberto reportó al MP todos sus viajes, personales y de trabajo, mostrando así su buena disposición a colaborar. Juan Alberto también declaró dos veces ante la Fiscalía contra la Corrupción y luego ante la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y también se entrevistó en dos oportunidades con funcionarios de la CICIG. Todo esto en una clara muestra de buena voluntad  a colaborar con la investigación y no a obstaculizarla.

De todas formas la Fiscalía y la CICIG impugnaron la decisión del juez. Quieren que Juan Alberto vuelva a la prisión Mariscal Zavala.

“El uso excesivo de la prisión preventiva…representa una práctica contraria a la esencia misma del estado de derecho y a los valores que inspiran a una sociedad democrática”, James Cavallaro, Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad – Informe 2017 Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Desde ese viernes 2 de marzo han transcurrido casi tres semanas. Se valora cada minuto de libertad aunque debo reconocer que sí causa inmensa angustia el no saber si revocarán la medida o no.  Al final, nuestra vida nunca será la misma.

Primera declaración: las imputaciones

Y así, sin más, llegó el día de la primera declaración. Un día antes habían llegado de Estados Unidos Rodrigo y Ana Lucía, el hijo y la hermana de Juan Alberto. Es curioso cómo las cosas cambian de un momento a otro. La realidad se impone. Anabella me llevó a la Torre de Tribunales y allí estaban.  Debo reconocer que a pesar de la distancia que había entre nosotros, me sentí acompañada y feliz de tenerlos allí. Me dio gusto verlos.

La sala que habían asignado era indudablemente muy pequeña, considerando que estaban los imputados, sus abogados, sus familiares y por supuesto, la prensa. Creo que fue a instancias de los periodistas que se cambió de lugar. Corrimos todos a la gran sala que está ubicada sobre la novena avenida, a pocos metros de la Torre de Tribunales. Parecía razonable que los imputados también caminaran hacia allá pero en realidad no fue lo apropiado. Los expusieron demasiado, sin necesidad. Fue todo un espectáculo. Cada uno de los imputados caminó con las esposas puestas y con su respectivo custodio, mientras la gente pasaba en autos y en buses viéndolos y algunos gritándoles. No dejo de pensar en lo que fue el circo romano y parece que en nuestros días la historia se repite: la gente vitorea y se regocija, lo que quiere es sangre.

Una vez en la sala, el Fiscal Juan Francisco Sandoval, leyó las imputaciones. Los cargos fueron fraude y peculado, argumentando que el gabinete de ministros y el expresidente habían elaborado un artificio legal a través del Acuerdo Gubernativo 103-2009 con el fin de evitar controles y facilitar la sustracción de fondos públicos (U$ 35 millones destinados a la implementación del sistema prepago)

Dejó claro que ninguno de los ministros del gabinete estaban siendo acusados de apropiarse de fondos públicos. Qué bueno que lo aclaró pero hubiera sido mejor que esta aclaración se hubiera hecho el mismo 13 de febrero durante la conferencia de prensa.

En palabras de Juan Francisco Sandoval, director de la FECI, “Debe de quedar claro que en las imputaciones realizadas por la fiscalía, en ningún momento se ha hablado de que la actuación se dio debido a que obtuvieron algún beneficio económico ilícito…” [Cita de Juan Francisco Sandoval durante la audiencia de primera declaración, 26/2/2018].

En la lectura de las imputaciones, la Fiscalía dijo que lo que buscaba Juan Alberto era defraudar al Estado mediante la creación de un mecanismo que le permitiera a la AEAU sustraer los fondos públicos. Para nosotros es claro que lo que buscaba era reducir la violencia contra pilotos urbanos y avanzar hacia lo que sería la entrega del subsidio directamente a los usuarios.

También dijo que era un nuevo proyecto de inversión que requería trámites específicos que Juan Alberto y los ministros obviaron. En realidad no era un proyecto de inversión sino un aporte que constituía una ampliación del subsidio.  Se siguió el mismo procedimiento establecido durante los 30 años previos.

La Fiscalía sostiene que el primer desembolso de recursos se hizo sin “soporte” seis meses antes de que la AEAU presentara el plan operativo. Lo cierto es que el plan operativo de la AEAU se presentó el 12 de octubre de 2009, el Acuerdo Ministerial para transferir los primeros fondos se aprobó el 19 de octubre y el primer desembolso se hizo en noviembre de ese año, 7 meses después de haberse firmado el Acuerdo Gubernativo.

La Fiscalía asegura que Juan Alberto transfirió 80 millones de quetzales en 2009 y 2010, y determinó cómo se invertiría en los años 2010 y 2011. Falso. Mediante un primer convenio con la AEAU, se transfirieron Q. 50 millones en 2009, y Q. 30 millones en 2010. No hubo más convenios ni desembolsos durante al período de Juan Alberto como Ministro de Finanzas Públicas.

Como Ministro únicamente realizó un primer desembolso: “Al percibir irregularidades en la compra del equipo Prepago, puse un alto a los desembolsos y advertí públicamente sobre el uso incorrecto de los fondos.”, dijo en un comunicado oficial del Ministerio de Finanzas Públicas del 7 de mayo de 2010 que luego recogió la prensa. Denunciaba irregularidades, pedía mayor fiscalización, y ponía un alto a los desembolsos.

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Dice la Fiscalía que los desembolsos se realizaron sin ningún control sobre el uso que les dio la AEAU. Lo cierto es que se estableció que las compras se debían hacer mediante el portal GUATECOMPRAS y que la Contraloría General de Cuentas, no el Ministerio de Finanzas Públicas, debía velar por el cumplimiento de esta disposición.  El 7 de mayo de 2010 Juan Alberto denunció públicamente ciertas irregularidades y anunció que no se suscribiría un nuevo convenio con la AEAU, ni se desembolsarían más recursos, hasta que se cumpliera con lo establecido en el convenio vigente.  En junio de ese año Juan Alberto renunció al cargo de Ministro de Finanzas.

Solo Ana de Molina, ex Ministra de Educación decidió declarar. De manera muy clara y didáctica y con mucho respeto y delicadeza, se refirió a las imputaciones y a los errores e imprecisiones que observaba en los argumentos de la Fiscalía. Ella conoce el Estado por dentro. Fue Ministra de Finanzas Públicas y trabajó en Segeplan también, además del cargo que ocupó como Ministra de Educación. Entre otras cosas, reiteró que se trata de un subsidio y no de un proyecto de inversión pública, como lo sería una carretera por ejemplo, y que por esta razón son otros procedimientos lo que se siguen.

Una vez el juez escuchó a todas las partes, decidió ligar a proceso a todos. Esto significa que están sujetos a investigación procesal y que se le otorga a la fiscalía más tiempo para que concluya la investigación. En la etapa intermedia se decidirá si van a juicio o no. ¿Cuánto tiempo tome esto? En realidad no lo sé pero puede ser mucho. En otros casos ha tomado años. Años que transcurren para muchos, entre rejas, privados de libertad.

El Informe de la CIDH sobre la situación de Derechos Humanos en Guatemala destaca que:

“El sistema penitenciario guatemalteco se caracteriza principalmente por:1. el hacinamiento (22.464 personas detenidas en centros con capacidad para 6.320), 2. el uso excesivo de la prisión preventiva (50% del total de la población penitenciaria), y 3. el retraso de la justicia”