Defender la justicia

Estamos en un momento crítico en Guatemala. Las mafias no están dispuestas a perder espacios, poder y privilegios. #PactoDeCorruptos se le ha dado en llamar.

Me preocupa que en esa lucha por acabar con la corrupción y los corruptos, no nos importe que puedan cometerse errores o abusos o incluso injusticias. Como decía Martin Luther King “la injusticia, allí donde se halle, es una amenaza a la justicia en su conjunto”.

Entiendo los riesgos. Se que cualquier cuestionamiento va a ser utilizado por esos grupos de poder tan empeñados en desacreditar el trabajo de los entes investigadores (MP y CICIG) que han puesto contra la pared a muchos que tienen la cola machucada. Pero eso no significa que guarde silencio y me haga de la vista gorda. Porque como decía alguien en una columna “para quienes no vestimos purismos ni nos rasgamos las vestiduras, no es un tema maniqueo de buenos y malos, sino de responsabilidad y decencia humana”.

Y yo me precio de ser decente. Heredé de mis padres un alto sentido de la dignidad. Amo este país con todo mi ser. Me duele ver como esos que lo han saqueado y han desangrado, sin importarles el sufrimiento de su gente, pretenden seguir sacándole provecho y salir airosos, sin castigo, impunes. No debemos permitirlo, eso está claro, pero tampoco podemos aceptar  “daños colaterales”.

Buscando sobre estos temas en el internet, encontré un artículo titulado Víctimas colaterales de la lucha contra la corrupción que llamó mi atención. Fue publicado el 17 de enero de 2017 por El Sonar

Transcribo a continuación algunos párrafos que vienen a cuento en relación a lo que estamos viviendo en Guatemala.

“La lucha contra la corrupción cuenta con un entusiasta apoyo popular. Nada indigna más que alguien se aproveche de un cargo público para enriquecerse. Y cuando la corrupción adquiere rasgos de epidemia, como ha ocurrido en España quizá más en años anteriores que ahora, hace falta un ataque a fondo. Pero los ataques masivos causan también daños colaterales, cuyas víctimas no deben ser olvidadas.

En Italia, la asociación de abogados penalistas publicó el año pasado (2016) un estudio que analiza la información de asuntos judiciales en 7,373 artículos de 27 diarios nacionales y locales, de junio a diciembre de 2015. Casi 7 de cada 10 se refieren a las investigaciones preliminares, y el 27% trata del arresto de un investigado. Pero cuando se inicia el proceso, la atención se evapora: solo el 13% de los artículos sigue las audiencias. Y cuando llega la sentencia, el interés es incluso menos: apenas el 11% de los artículos informa a los lectores de la decisión de los jueces.

Así que la mayoría de la gente se quedará con la primera impresión de lo leído sobre las investigaciones preliminares, excepto en casos muy sonados que tendrán continuidad informativa. Y las primeras noticias tienen casi siempre un sesgo acusatorio. Según el citado estudio italiano, casi el 33% de los artículos tienden a presentar a los acusados como culpables; otro 33% recoge las tesis de la acusación sin expresar juicios; el 24% tienen un tono neutro; y solo un 7% aporta informaciones de naturaleza defensiva, proporcionadas por el abogado. En cierto modo, es inevitable que las primeras informaciones se nutran de las tesis de la policía o de la fiscalía; pero el periodista debería saber exponerlas de un modo compatible con la presunción de inocencia, sin presentar las hipótesis como hechos probados.

Y, sobre todo, habría que informar después de las sentencias absolutorias, para lavar el buen nombre de los injustamente acusados. Así lo ha entendido un tribunal de Génova que en una innovadora sentencia ha condenado por difamación a una web de una asociación de consumidores. La web había dado la noticia de que dos directivos de una asociación habían sido imputados por corrupción en un concurso de obras públicas; sin embargo, resultaron absueltos y la web no puso al día la noticia. La sentencia del tribunal de primera instancia de Génova establece que “quien inserta noticias en Internet sobre investigaciones penales está obligado a seguir su desarrollo y, una vez producida una resolución favorable al imputado o investigado, debe informar de ella con la misma publicidad”. El tribunal entiende que “la omisión de la puesta al día mediante la inserción del resultado del procedimiento penal” supone un comportamiento difamatorio. Ciertamente, si el criterio de este tribunal creara jurisprudencia, muchos medios tendrían que echarse a temblar. Pero debería bastar la profesionalidad y la honestidad informativa para contar el final de una historia. Si a los condenados por corrupción se les obliga a devolver lo defraudado, a los absueltos habría que devolverles su reputación.”

Lo que no se dijo 

En el caso Transurbano la misma fiscalía reconoció que ningún miembro del gabinete se benefició económicamente con recursos derivados de corrupción.

En palabras de Juan Francisco Sandoval, director de la FECI, “Debe de quedar claro que en las imputaciones realizadas por la fiscalía, en ningún momento se ha hablado de que la actuación se dio debido a que obtuvieron algún beneficio económico ilícito…” [Cita de Juan Francisco Sandoval durante la audiencia de primera declaración, 26/2/2018].

https://drive.google.com/file/d/0B-xq7Rhj2U4AUi1vMVRfS1NacnU1MFY4b2FvajNxczQ1c2w4/view?usp=sharing

No era un nuevo proyecto de inversión, sino la continuación del subsidio al transporte. Se siguió el mismo procedimiento establecido durante los 30 años previos (aprobación vía acuerdo gubernativo del Organismo Ejecutivo). La figura del Acuerdo Gubernativo como mecanismo para entregar el subsidio a la AEAU ha sido ampliamente utilizada en gobiernos anteriores. Por ejemplo, sólo entre 2004 y 2007 se aprobaron 14 acuerdos gubernativos para entregar subsidios a la AEAU.

Hay una obvia confusión entre subsidio y proyecto de inversión pública, que implican normas y procedimientos financieros diferentes. En el caso de los subsidios, como es el que se aprobó para el sistema prepago, la normativa existente requiere 6 pasos muy claros que se siguieron al pie de la letra.

El Acuerdo Gubernativo 103-2009, como cualquier acuerdo de subsidio previo, indicaba que los desembolsos estaban sujetos al cumplimiento de requisitos específicos por parte de la AEAU. El primer desembolso (Q. 80 millones) estaba sujeto a la entregar del Plan Operativo. Ese Plan Operativo se entregó un mes antes del primer desembolso de Q.50 millones. Debido a las dificultades fiscales del momento, los restantes Q.30 millones se entregaron en enero de 2010.

Los siguientes desembolsos estaban sujetos al cumplimiento del Plan Operativo, con el requisito de la publicación en GUATECOMPRAS, y con la responsabilidad de la Contraloría General de Cuentas de velar por su cumplimiento.

El Acuerdo Gubernativo 103-2009, de conformidad con las normas del presupuesto de 2009 (continuó vigente en 2010, pues el proyecto de presupuesto del 2010 no fue aprobado por el Congreso), incluye explícitamente el requisito del uso de Guatecompras. Esas normas también indican que “La Contraloría General de Cuentas velará por el cumplimiento de esta disposición e interpondrá las sanciones que correspondan.”

La responsabilidad de la Contraloría General de Cuentas también había quedado establecida en los Acuerdos Gubernativos previos relativos al subsidio, pues se indicaba que “Es responsabilidad de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos la correcta utilización de los recursos, mismos que deberán ser fiscalizados por la Contraloría General de Cuentas.”

WhatsApp Image 2018-11-12 at 12.56.18Mediante un comunicado del MINFIN y notas de prensa, Juan Alberto denunció la existencia de anomalías en relación al cumplimiento del convenio. Solicitó públicamente a la AEAU que cumpliera con los requisitos de Guatecompras y anunció que no se firmaría otro Convenio con al AEAU mientras no se cumpliera con el Plan Operativo (no se firmó otro convenio durante su gestión como Ministro). Informó  públicamente que no se reanudarían los desembolsos para el sistema prepago mientras no existiese evidencia clara del cumplimiento de lo convenido (no hubo más desembolsos durante su gestión como Ministro).

Pero lo que quedó en el imaginario es que son culpables. La verdad no importa ni ha importado.

Defender la justicia

Como bien dice Mario Benedetti en un poema maravilloso, tenemos que defender la justicia.

Defender la Justicia,
de los opresores y de los canallas.
Defenderla de frente,
sin falsos rodeos,
sin ambage inútil,
sin perder el tiempo.

Defenderla de todos
y también por todos,
como una Bandera.
Sin pactar traiciones,
sin cejar empeños,
sin ceder ni un dedo.

Defenderla del tiempo
y al margen del sitio
cual valor Supremo.

Defender la Justicia,
la Social y la otra;
la que predispone
a jueces y a hombres
a impartir lo suyo;
la que da a cada uno
lo que más merece;
la que sobrepasa
la razón y el mundo
porque es algo eterno.
Defenderla, en suma,
de los que predican y los justicieros.

Publicado por Mi voz

Con la frente en alto y la dignidad intacta

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